Irresponsables
Los dos expresidentes de la Asamblea Constituyente del 2008, Fernando Cordero y Alberto Acosta. |
Hay que inaugurar en el país, de una vez por todas, el sentido de la trascendencia en la toma de decisiones. No se puede seguir actuando a la ligera, con prisa y sin vergüenza, esperando que no existan consecuencias en un futuro o que, peor aún, las enfrente otro pobre diablo.
¿A quién en su sano juicio se le ocurre impedir por mandato constituyente -o por lo que sea- el derecho a la defensa de una persona, por ejemplo? ¡Y amenazar a jueces en el camino! ¿Se puede ser tan idiota, acaso?
Es que esto hay que recordarlo textualmente.
Esto dijo el Mandato 13 de la todopoderosa Asamblea Constituyente del 2008: "Declarar que la Resolución AGD (...) expedida por el Gerente General de la Agencia de Garantía de Depósitos no es susceptible de acción de amparo constitucional u otra de carácter especial, y si de hecho se hubiere interpuesto, será inmediatamente archivada, sin que se pueda suspender o impedir el cumplimiento de la referida resolución. Los jueces o magistrados que avocaren conocimiento de cualquier clase de acción constitucional relativa a esta resolución y aquellas que se tomen para ejecutarla, implementarla o cumplirla a cabalidad, deberán inadmitirlas, bajo pena de destitución y sin perjuicio de la responsabilidad penal a la que hubiere lugar."
¿Creyeron que no habrían consecuencias?
Esto dijo el Mandato 13 de la todopoderosa Asamblea Constituyente del 2008: "Declarar que la Resolución AGD (...) expedida por el Gerente General de la Agencia de Garantía de Depósitos no es susceptible de acción de amparo constitucional u otra de carácter especial, y si de hecho se hubiere interpuesto, será inmediatamente archivada, sin que se pueda suspender o impedir el cumplimiento de la referida resolución. Los jueces o magistrados que avocaren conocimiento de cualquier clase de acción constitucional relativa a esta resolución y aquellas que se tomen para ejecutarla, implementarla o cumplirla a cabalidad, deberán inadmitirlas, bajo pena de destitución y sin perjuicio de la responsabilidad penal a la que hubiere lugar."
¿Creyeron que no habrían consecuencias?
Hay que recordar a quienes votaron por esto porque su irresponsabilidad le saldrá muy cara al país. El reciente dictamen de la ONU en efecto condena al Estado por lo sucedido con los hermanos Isaías y ordena que se les proporcione un recurso efectivo para su plena reparación.
Pero el problema es que, si bien el dictamen es vinculante, en realidad su ejecución es complicada puesto que la vía más efectiva es un acuerdo reparatorio, lo que con el gobierno saliente nunca se concretará. Será un problema del que le suceda el 2017. El muertito lo han dejado a otro...
cc) Artículo publicado en el Diario El Heraldo (domingo 19 de junio de 2016)