Ley de Medios
No ha sido una simple coincidencia que en estos últimos años
varios gobiernos latinoamericanos hayan promulgado leyes para regular y
controlar a medios de comunicación y a la comunicación en su sentido más
amplio. Específicamente en aquellos países denominados de izquierda moderna o
del “socialismo del siglo XXI”, este control se ha plasmado en normas y en
órganos especialmente diseñados para su vigilancia.
Parecería que se trata de
un libreto previamente escrito y bien pensado que se ejecuta a la perfección. Al
final, el argumento sobre el desmedido poder mediático y sus abusos ha dado
paso a leyes que recuerdan, de alguna forma, las que fueron expedidas en varias
de las dictaduras militares que América del Sur sufrió en los años setenta y
ochenta.
Políticamente ha sido rentable construir un enemigo permanente y
combatirlo hasta en su propio terreno: con medios y agencias gubernamentales
(porque de públicos no tienen nada).
La disputa constitucional se
centró en la transferibilidad de las licencias de concesión de frecuencias; el
límite de frecuencias que podía tener cada medio; y, una figura de la ley que
descartaba el derecho adquirido por parte de las concesionarias sobre aquellas
licencias que superen las permitidas por la ley. En cierto modo, los puntos
litigiosos fueron diferentes a los que se han trabado en Ecuador a la luz de la
novísima Ley de Comunicación, donde se ha cuestionado mucho la forma en la que
se expidió la ley y no tanto en las frecuencias estatales.
Lo curioso, para aquellos que no
lo sabían, es que en el Grupo Clarín no fue siempre opositor al gobierno
kirchnerista sino que fue aliado en sus inicios y apoyó a Néstor. Sin embargo,
el romance terminó y la trama posterior tuvo tintes peores a los de una
telenovela mexicana. A diferencia de otros medios de comunicación importantes
como “La Nación”, que siempre mantuvieron una coherencia crítica, al Clarín el
juego le salió mal.
© Artículo publicado en el Diario
El Heraldo (martes 14 de enero de 2014)