Idiotizados por la ley

Imaginen el siguiente escenario por un momento: atemorizados doctores en sus consultas con pacientes pensando que alguna eventualidad les signifique un juicio espeluznante en un futuro. 

Tiesos en decidir o recetar algo que creen correcto y mandando a realizar todos los exámenes posibles (a costo del paciente) para que no hayan cabos sueltos o dudas en su proceder.

Ahora imaginen otro, el de un profesor en un aula de clases de colegio, parado frente a los estudiantes tratando de calmar a unos revoltosos impúberes indisciplinados que no permiten continuar la lección y que hacen perder el tiempo a todos los demás. 

Actuando con temor y mucho tino, evitando estallar en iras por el agravio que le causan en sus narices los malcriados jovencitos.

P. Howard

Estos ejemplos y muchos más que usted se dará cuenta tienen algo común: la parálisis causada por la sobre regulación de nuestras actividades cotidianas, o lo que el abogado norteamericano Philip Howard llama la "fórmula perfecta para la parálisis" por las millonarias demandas que se dan. 

Sucede en los Estados Unidos por las absurdas regulaciones en materia civil de daños en donde las personas, según Howard, están actuando como idiotas por ello.

Allí uno encuentra médicos que en en vez de interactuar profesionalmente con sus pacientes se ven forzados a hablar lo menos posible y a enviar al paciente a que le vean otros cien doctores; profesores que callan y gastan casi el 50% de las horas de clase intentando mantener el orden sin gritar a los estudiantes porque si lo hacen de una manera tajante podrían ser objeto de una demanda (en EEUU el 78% ha sido amenazado con un juicio alguna vez). 

O tazas de café que dicen "está caliente" en sus etiquetas o señuelos de pesca de tres ganchos que dicen "peligroso si se ingiere".

Sin ir más lejos, ya en el Ecuador podríamos incorporar a los periodistas a este selecto grupo: la mayoría autocensurados porque saben que una frase rara puede generarle una sanción económica al medio donde trabajan.

Eso es lo que causa la sobre legalización de la vida cotidiana, con un nuevo mal precedente jurídico en nuestro país: las millonarias indemnizaciones judiciales por daños a varios funcionarios públicos durante estos últimos años.

Artículo publicado en el Diario El Heraldo (domingo 23 de agosto de 2015)